Recursos

Nuestro ordenamiento jurídico admite la posibilidad de recurrir determinados actos administrativos. Así, nuestro sistema normativo admite que podrá interponerse recurso contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Los tipos de recurso que se pueden interponer son el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición, reconociéndose con carácter extraordinario el recurso extraordinario de revisión, el cual cabrá interponer de manera excepcional contra actos ya firmes en vía administrativa, por motivos que a continuación se expondrán.

Recurso de alzada

Procede contra las resoluciones y actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. Se interpondrán ante el órgano superior jerárquico del órgano administrativo que dictó el acto objeto de recurso. El recurso podrá dirigirse ante órgano que dictó el acto que se impugna, el cual lo deberá enviar al órgano superior jerárquico en el plazo de diez días, o directamente ante el órgano superior jerárquico del órgano que emitió el acto, es decir, ante el competente para resolverlo.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuere expreso, y si no lo fuera de tres meses desde el día siguiente a aquél en el que se produzcan los efectos del acto administrativo. Si esos plazos transcurren y no se interpone recurso, la resolución es firme a todos los efectos. La administración habrá de resolver el recurso en un plazo máximo de tres meses. Si tal plazo transcurre y la Administración no se pronuncia, se entenderá desestimado el recurso.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1.

Recurso potestativo de reposición

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición, de forma voluntaria, y ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o bien se podrán impugnar directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Transcurridos dichos plazos, sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Recurso extraordinario de revisión

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

3ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

4ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1.ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.