Administrativo

El Derecho Administrativo, es una rama del derecho, que estudia las relaciones entre los ciudadanos y las distintas Administraciones Públicas, y el conflicto que pueda suscitarse entre ellos. Las normas administrativas son muchas, pero con carácter general la más importante para el ciudadano es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se regulan la forma y efectos de los actos administrativos, las notificaciones de dichos actos, los recursos de alzada, recurso de reposición y recurso de revisión, así como las reclamación previas a la vía judicial administrativa. Nuestro Bufete de Abogados dispone de Abogados especialistas en derecho Administrativo y por supuesto en procedimiento judicial contencioso-administrativo.

El derecho administrativo: actos administrativos

El derecho administrativo es aquel que estudia las normas jurídicas en que se basan las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas y de éstas con los ciudadanos y como consecuencia de estas relaciones, dicta actos, considerados como actos administrativos, sometidos al imperio de la Ley.

Nuestros Abogados especialistas en derecho administrativo le asesorarán en todo lo que tenga que ver con los procesos relacionados con la Administración Pública, ya sea estatal, Comunidad Autónoma o Local, realizando solicitudes jurídicas, recurriendo los actos administrativos, tácitos o presuntos (silencio administrativo) o expresos y acudiendo si es necesario a la vía judicial contencioso-administrativa.

El acto administrativo es el acto jurídico realizado por la Administración con arreglo al Derecho Administrativo, por ejemplo la concesión o denegación de una licencia urbanística, la concesión o denegación de una Incapacidad Laboral, una sanción de tráfico, la resolución de una expropiación, la concesión o denegación de un permiso de armas, la concesión o denegación de un permiso de trabajo de extranjero.

Para que un acto sea administrativo es necesario, ineludiblemente, que lo realice la Administración. Sensu contrario o en sentido contrario, no serán actos administrativos:

  1. Los actos políticos del Gobierno.
  2. Los actos materialmente ejecutivos, dictados por los poderes Legislativo o Judicial.
  3. Los actos de los administrados, aunque produzcan efectos jurídicos conforme al Derecho administrativo.

Finalmente para que un acto jurídico de la Administración tenga naturaleza administrativa deberá de estar regulado por el Derecho Administrativo.

  • Por el sometimiento al Derecho administrativo, puede ser pleno o parcial, según aquél haya regulado o no todos los aspectos y momentos de la actividad de que se trate. Surgiendo así la distinción entre Actos reglado y actos Discrecionales.
  • Otra clasificación, es la que distingue entre actos que agotan la vía administrativa y los que no tienen este carácter, por ejemplo la resolución de un acto emanado de un Ministro o Secretario de Estado o en otros casos los actos emanados por el Alcalde de un municipio.
  • También existe la distinción entre actos expresos, tácitos o presuntos. Mientras en el primero existe una clara e inequívoca exteriorización de la manifestación de voluntad, de juicio, de deseo, etc, en el segundo falta esta manifestación.

En cuanto a la forma de exteriorización pueden ser expresos, mediante una expresión de la voluntad administrativa con la motivación correspondiente que ha de acompañar a los actos que consisten en una declaración de voluntad, y de la notificación que, como regla general ha de seguir a dicha exteriorización, cuando se trata de actos no normativos. Mientras que los actos presuntos, como tales exentos de todo elemento formal y que entra en la formula del silencia administrativo.

Los actos que exigen necesariamente motivación son :

  1. Los que limiten derechos subjetivos.
  2. Los que resuelvan recursos.
  3. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
  4. Los que se separen del dictamen de órganos consultivos.
  5. Aquellos que deban serlo por disposiciones legales.
  6. Los acuerdos de suspensión de actos que hayan sido objeto de recurso.

Existen actos administrativos producidos por el simple silencio de la administración ante una petición del administrado, denominado silencio administrativo cuando la Administración no responda a las consultas, peticiones, reclamaciones, quejas, recursos, sugerencias, etc, que le pueden ser planteados.

Silencio administrativo positivo y negativo

El art. 42 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece y señala la obligación de la Administración de resolver cualquier petición formulada por cualquier ciudadano, emitiendo resolución expresa de sus actos, pero la práctica demuestra que la Administración en muchos casos no contesta o contesta sin cumplir plazo alguno, ello ha obligado al legislador, en protección de los derechos del ciudadano frente a la Administración, a que ese silencio administrativo fuera considerado, bajo determinadas circunstancias, como un acto administrativo tácito, también conocido como acto presunto, bien de forma positiva, es decir, otorgándole el derecho solicitado al administrado o de forma negativa, denegando o entendiendo denegado ese derecho.

Plazos para revolver de la Administración

Según el art. 42 antes citado, el plazo máximo que tiene la Administración para resolver sobre cualquier petición no sometida a plazo concreto, es de 6 meses.

Pero también se señalan otros plazos, de 1 mes y 3 meses para determinados supuestos de no contestación de la petición formulada.

La Reclamación Previa a la vía judicial laboral y judicial civil

Para interponer una reclamación contra cualquier administración pública, previamente se debe de interponer una reclamación previa.

Si la reclamación es de tipo laboral, como reconocimiento de relación laboral a la Administración, previamente antes de demandar en el ámbito jurisdiccional, se debe de interponer una reclamación previa.

Si la reclamación es de tipo civil, antes de la reclamación a la vía jurisdiccional es preceptiva la interposición de una reclamación previa.

Recursos administrativos: Alzada, Reposición y Revisión

Puede definirse como una acción impugnatoria deducida ante la Administración, por quién está legitimado para ello, con la pretensión de obtener la anulación o modificación de un acto administrativo dictado por ese mismo órgano o por su inferior jerárquico.

El recurso administrativo, regulado en los arts. 107 a 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ y PAC), constituye la forma más común y prototípica de revisión de los actos administrativos ante la misma Administración frente a la propia revisión de oficio.

El agotamiento de la vía administrativa

El sistema general de los recursos típicos, esto es, los que aparecen nominados específicamente en el ámbito de la propia LRJyPAC gira esencialmente sobre el concepto de agotamiento de la vía administrativa.

Desde la perspectiva de las consideraciones general es el art. 109, LRJyPAC el que establece los criterios generales es que, como tales, son aplicables al conjunto de Administraciones Públicos. Según el mencionado artículo, ponen fin a la vía administrativa las siguientes resoluciones

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.
  • Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el art. 107.2, LRJyPAC.
  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley así lo establezca.
  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Plazos para la interposición de recursos

En relación con el plazo para la interposición del recurso en vía administrativa debe partirse de la existencia de dos situaciones, al efecto, diferenciadas. Deben separarse aquellas que, en primer término, proceden de la existencia de un acto debidamente notificado de aquellas que, en segundo término, proceden de la institución del silencio administrativo. En efecto, una y otra reciben a efectos del plazo un tratamiento dispar.